Entre las consideraciones que se hacen sobre las políticas activas de empleo hace años que triunfan los discursos que ponen el foco en el control, la evaluación y también en la sanción de quienes participan (o no participan) de esas políticas. Pero nadie parece poner el foco en las personas mismas, en sus problemas reales. Y tampoco parece que se nos tengan muy en cuenta a quienes trabajamos con ellas directamente.

No pongo en duda el papel de la sanción cuando es realmente necesario. Pero en el escenario en el que nos movemos, de recursos escasos, no parece nuestro principal problema. Tenemos otros. Entre ellos el del peso de la burocracia que acaba por triunfar frente al carácter técnico y funcional que deberían tener las políticas activas de empleo. He aquí tres ejemplos que he vivido recientemente de cómo la burocracia vence sobre la orientación y las decisiones de las personas.

Ejemplo 1

Tras algunas entrevistas de orientación con una chica con mucho tiempo en situación de desempleo nos encontramos con la posibilidad de participar en dos recursos. Uno un programa de inserción de apoyo a la búsqueda de empleo. El otro una oportunidad formativa en el ámbito de las ventas en la que estaba muy interesada. El primero, el programa de inserción, empezó antes y a él nos sumamos. Unos meses después surgió la posibilidad de cursar la formación. El programa de inserción se había visto bastante afectado por la pandemia y las medidas de confinamiento por lo que la situación no había cambiado demasiado. El curso suponía la oportunidad de adquirir competencias profesionales, algo que necesita (aún hoy) como agua de mayo.

La cuestión es que, conjuntamente con el equipo técnico del programa, acordamos que lo más positivo para ella es que se incorporara al curso, donde había plazas suficientes y su participación era segura.

El proceso para hacer esto requería que ella misma solicitara su baja en el programa en el que participaba. Tras ello la asignación a la actividad formativa sería directa pues se contaba con vacantes suficientes. La chica cobra prestación así que debe contactar con su oficina de empleo para darse de baja en el programa y solicitar el curso del que hablamos. La respuesta: Si abandonas el programa te sancionamos.

Ejemplo 2

Tras una entrevista en el SPEG un chico deja solicitados un buen número de cursos (cada cual más dispar y desde mi punto de vista sin posibilidades reales de que mejoren sus empleabilidad). El caso es que, finalmente, le llaman para uno de esos cursos. Justo el que yo creo que menos le aportaría y que se celebra a muchos kilómetros de distancia de donde vive, concretamente en otra provincia de Galicia.

Desde el Servicio Público le dicen, en un primer momento, que debe ir pues lo ha solicitado. No es verdad y lo tranquilizamos. Pero no deja de ser habitual que a las personas se les recomienden actividades sin mucho sentido. También que las personas lo soliciten sin ningún tipo de asesoramiento. El resultado es que pasamos más tiempo con procesos de selección que acompañando a las personas.

En este sentido lo más curioso es cuando ponemos en marcha actividades formativas y no hay candidatos suficientes. Y no hablo de formación exigente. Recientemente, para un curso que no precisa ninguna titulación, hubo cuarenta candidatos en una ciudad con 23.000 personas en desempleo. Algo no funciona.

Ejemplo 3

Si estás en proceso de selección de dos actividades formativas iguales (o no, pero yo tengo en mente un par de situaciones en las que la actividad formativa era la misma) no puedes elegir según tus preferencias o posibilidades. El control dice que te tienes que quedar con la primera en la que te seleccionen. Así que, en cuanto te llaman, debes ir a dejar tu huella dactilar (una barbaridad como un piano que se ha asumido como normal) a riesgo de resultar sancionado/a.

Reconozco que esta situación es más difícil de regular. Una persona seleccionada en un curso no tiene garantías de que va a entrar en otro en el que aún está en proceso. Pero las cosas cambian si tenemos en cuenta más información. En el caso que tengo en mente hablamos de que la segunda actividad formativa tiene vacantes y que la propia entidad dice que no cubrirá suficientemente el curso. Si a ello añadimos que la persona tiene responsabilidades familiares que asume sola y que el segundo curso le queda a cinco minutos de casa mientras el primero le supone unos 45 minutos de desplazamiento a mayores del gasto pues, con todo eso, la cosa cambia.

Y cambia porque, creo, la burocracia y el control no deben impedir la flexibilidad necesaria para responder a situaciones de este tipo. Y para resultar más eficientes y eficaces. La administración y el control deben estar al servicio de los ciudadanos, de las personas. Ahí, de nuevo, la orientación laboral puede y debe jugar un papel clave en las políticas de empleo. Déjennoslo jugar.