En España y en casi todos los países, la inmigración es siempre polémica y, en mi opinión, suele tratarse con bastante hipocresía. Eso en el mejor de los casos. En el peor, las consideraciones políticas destapan nuestros instintos más primarios y, por qué no decirlo, mezquinos.
Las migraciones forman parte de la humanidad en si misma. No solo son un fenómeno que nos caracteriza como especie sino que también están en el origen y el ocaso de imperios y países. Independientemente de nuestras consideraciones particulares las personas seguirán yendo de un lugar a otro, la mayoría por razones económicas, buscando una vida mejor. Y el sistema también encontrará siempre la forma de incorporar a las personas que necesita. Una especie de vaso comunicante que en todo momento ha funcionado y que no parece que nada pueda detenerlo.
En el caso español, además, el envejecimiento de la población (casi el 20% de la población tiene más de 65 años) hace imprescindible el concurso de personas extranjeras para mantener la prosperidad y eso que llamamos el estado de bienestar. En 30 años la población en edad de trabajar pasará del actual 65% al 50% con una de cada tres personas jubilada.
En un entrono así se calcula que España podrá necesitar unos siete millones de personas de otros países para compensar la pérdida de crecimiento demográfico. Hoy son cinco millones y medio los que viven en España, solo un 11,4% de la población total.
Los inmigrantes, por tanto, deberán jugar un papel aún mayor que el que juegan en la solución de algunos de nuestros grandes problemas como la despoblación, la imposibilidad de relevo generacional o el cuidado de personas. Y, claro, deberán aumentar su ya importante contribución a la Seguridad Social (10%).
Es decir, no solo precisamos más personas de otros países también precisamos que cuenten con el saber hacer necesario para poder trabajar. Y ahí es a donde quiero llegar en este escrito, a la necesidad de generar medidas específicas que permitan bajar las tasas de desempleo de la población extranjera. Medidas que, dicho sea de paso, tienen un retorno fiscal elevado dado que los inmigrantes aportaron más en impuestos y otras contribuciones públicas que lo que recibieron en protección social, salud y educación.
En estos momentos existen un buen número de propuestas en el ámbito de la atracción del talento internacional (aunque no siempre lo consigamos). Se busca con ello mitigar algunos de los problemas ya mencionados (la despoblación, por ejemplo) y otros de carácter más endémicos de la economía española, como su competitividad internacional.
Mientras, las medidas específicas para la formación e inserción laboral de las personas de otros países son, en mi opinión, más bien escasas. Es verdad que esto puede variar mucho de unos territorios a otros pero, en general, creo que vivimos en un entorno lleno de barreras (negativas de residencia, de arraigo, dificultades de homologación de títulos, imposibilidad de acceso a competencias clave y a otras formaciones…) y con pocas medidas específicas que faciliten la incorporación de los extranjeros a la actividad laboral.
En España la población activa de extranjeros la constituyen 3.124.900 personas de las que trabajan 2.445.600, una tasa de desempleo (21,74) bastante mayor que la de los españoles (13,47). Parece, por tanto, necesario diseñar y poner en marcha medidas específicas que tengan como objetivo bajar esta tasa de desempleo.
Como decía, es verdad que hay algunas medidas y que muchas entidades del tercer sector participan de fondos europeos que les permiten poner en marcha programas de formación, inserción, intermediación y orientación destinados específicamente a población inmigrante, pero estas cifras demuestran que son claramente insuficientes.
