Hace unas semanas se publicaba el informe de Cáritas en el que se señalaba que 7,8 millones de personas en España no llega a fin de mes con su sueldo. Personas que, a pesar de trabajar, precisan del apoyo de familia y amigos o, en el peor de los casos, de créditos y entidades financieras. Casi ocho millones de personas, acercándonos hacia la mitad de nuestra población activa.
Hace tiempo que desde muchos ámbitos, instituciones, organismos y foros se llama (un clamor en realidad) a luchar contra el aumento de la desigualdad y la pobreza, especialmente de la derivada de la precariedad. Y nadie puede dudar de esto al hilo de los datos. Y nadie puede dudar aunque no tenga datos. Todo el mundo (salvo quien viva aislado en una urbanización o aislado en Twitter siguiendo necedades) conoce a todas esas personas que no llegan a fin de mes. Son las personas que vemos trabajando en los bares, en los hoteles, en los repartos de paquetes, en la cultura y el ocio, en fábricas de suministros, en el campo como temporeros… Un fenómeno que en el mundo anglosajón denominan Working Poor y que en US miden oficialmente desde el año 2011 de forma permanente. En definitiva, un fenómeno que se consolida y que protagonizan todas esas personas que no pueden tener un proyecto vital.
Porque eso es de lo que yo quiero hablar hoy, del cambio del papel del empleo en la vida de las personas. Hace solo una generación (mis padres) las personas eran capaces de realizar un proyecto de vida (criar hijos, adquirir una casa… ) teniendo solo una forma para hacerlo: el trabajo.
Hace solo una generación la relación salarios y precios permitía todo esto. E incluso ahorrar. Hoy eso es imposible para casi la mitad de las personas que pueden trabajan. Lo es por lo que cobran (el 25% de trabajadores con salarios más bajos se sitúan 6,2 puntos porcentuales por debajo del nivel salarial que tenían hace una década) y por la temporalidad infernal que padecen. Un fenómeno, el de la temporalidad, que viene produciéndose desde 1967 pero que se ha acelerado en los últimos años. Así la duración de los contratos temporales para trabajadores de menor cualificación era de entre cuatro y cinco meses en 2005 y ha pasado al entorno de los tres meses en 2017. En Galicia, donde vivo, en el 13,6% de los hogares la persona que ejerce de sustento principal, se encuentra en situación de Inestabilidad Laboral Grave y el 12,5% de personas que trabajan viven en pobreza relativa.
Frente a esto podemos reclamar cambios, mejorar salarios o reducir la temporalidad. Y estará bien, obviamente. Pero creo que será insuficiente. En mi opinión, no estamos (solo) ante una vuelta de tuerca en las condiciones laborales. No estamos ante una situación que pueda revertirse mejorando las condiciones. Estamos ante un cambio en el papel que juega el trabajo y el empleo en nuestras vidas y en la sociedad en general. Mientras no asumamos eso, será difícil revertir la situación. De hecho, no parece que hayamos dado muchos pasos adelante en estos últimos años.
Como dice el informe de Foessa el trabajo no garantiza una vida digna. Y es que ya no es la garantía para salir de la pobreza o el camino para lograr la inclusión social. Ya no es la forma de labrarse un futuro personal y familiar. Y ya no es, tampoco, un agente socializador como sí lo sigue siendo la escuela y la educación en general, tal y com Durkheim decía hace ya muchos años.
Obviamente esto nos plantea un buen número de problemas a enfrentar. Es un cambio difícil de asumir de buenas a primeras. Como hace no mucho me señalaba un compañero, un cambio con muchas dudas, especialmente las referidas a esto último, a dónde van a encontrar las personas su socialización.
Un tercer sector en crecimiento, deberá jugar un papel importante a la hora de responder esta cuestión. Y las instituciones públicas también, claro. Pero, primero (no por ningún orden lógico, sino por la urgencia inmediata que enfrentamos), debemos responder a cuestiones previas como: ¿ Cómo podemos garantizar los ingresos mínimos necesarios ? ¿ Cuánto debemos trabajar o cuánto podremos trabajar ?
El hecho de ir garantizando ingresos mínimos es un primer y necesario paso que debería, además, influir en la mejora de salarios y condiciones. Pero, como señalaba antes, creo que no será suficiente.
Ante la situación de urgencia debemos, para evitar un aumento inmediato de la pobreza y la desigualdad, dotar y agilizar las prestaciones en la linea que apuntaba hace unas semanas Raül Segarra. A partir de ahí creo que es necesario hacer un replanteamiento del IMV y de todas las prestaciones públicas que permitan una mejor redistribución como respuesta a la falta de empleo.
Obviamente esto no es fácil, no se resuelve en un artículo y no se hace de un día para otro. Pero pensar que vamos a solucionar las condiciones laborales o que vamos a bajar el paro a niveles que nos permitan combatir el aumento de la desigualdad y recuperar la posibilidad de contar con proyectos vitales con el trabajo como base para hacerlo, es mucho más difícil. Entre otras cosas, por lo apuntado, porque eso es lo que no ha sucedido en las décadas precedentes.
Todo lo contrario, lo que nos dicen esos datos es que, o enfrentamos el problema en toda su dimensión, o el problema nos comerá. Y, sencillamente, cada día tendremos una sociedad más desigual en la que la mitad de la población trabajará porque no encuentra otra forma de ingresar para responder a urgencias pero que no verá ningún otro beneficio en el trabajo. Una sociedad sin esperanza.
Imagen: Sustainable Economies Law Center en Flickr. Creative Commons
